Decisión del TSJ sobre Nacionalidad de Nicolás Maduro


#1

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL

207° y 158°

Ponente. Magistrado Miguel Ángel Martín Tortabu
Expediente: SC-2018-008

ASUNTO: Nulidad de proceso de elección presidencial.

DENUNCIANTE: ENRIQUE ARISTEGUIETA GRAMCKO, venezolano, titular de la cédula de identidad No. V-1.333.995, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 3.442.

MOTIVO: Solicitud de nulidad del proceso de elección presidencial celebrada el 14 de abril de 2013, por la inexistencia de condiciones de inelegibilidad en la persona de Nicolás Maduro Moros para ser elegido y por ende ejercer el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

INTEGRACION DEL TRIBUNAL: Los magistrados elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (AN), acordaron el 20 de septiembre de 2017, integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a pesar de las especiales circunstancias en que se encuentran conocidas por el pueblo venezolano por tratarse de un hecho público comunicacional, también acordaron que su funcionamiento se verificase a través de sus distintas salas, cumpliendo así con el deber de garantizar la vigencia de la Carta Magna, conforme lo disponen los artículos 262 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedando la Sala Constitucional conformada por los Magistrados: Miguel Ángel Martin Tortabu (designado por el pleno como presidente); Elenis del Valle Rodríguez Martínez (designada por el pleno como vicepresidenta); Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez, Luis Manuel del Valle Marcano, Zuleima del Valle González, Gabriel Ernesto Calleja Angulo y Gustavo José Sosa Izaguirre. Asimismo, se designó como Secretario Accidental al abogado Reynaldo Paredes Mena.

En cuenta del asunto, se determinó resolver la presente causa bajo la ponencia del Magistrado Miguel Ángel Martin Tortabu.

Seguidamente, procede esta Sala Constitucional a pronunciarse sobre la admisión de la denuncia presentada, en los términos que siguen:

I

Petición

Irregularidades del proceso electoral de subrogación presidencial

Se narra, que una vez que se tuvo noticia del fallecimiento de Hugo Chávez Frías, quien había sido proclamado Presidente de la República, ausente del país desde el 9/12/2012; siendo que el Vicepresidente Ejecutivo de la República en ese momento histórico, comenzó a ejercer en la práctica las atribuciones propias de la Presidencia, bajo un esquema de “delegación de atribuciones” que el mismo 9 de diciembre anunció Hugo Chávez Frías, mediante Decreto N° 9.315 publicado en la Gaceta Oficial No 40.077 de 21/12/2012.

La noche del 8 de diciembre de 2012 Hugo Chávez Frías también anunció un nuevo viaje a Cuba para realizar un tratamiento y operación médica, manifestando que de materializarse “circunstancias sobrevenidas”, su sucesor definitivo debía ser “el Vicepresidente MADURO”; denunciándose en la petición que se dispone de la Presidencia de la República como si fuera un objeto de propiedad personal, prolongándose la ausencia sin explicación alguna al país y sin
intervención institucional de acuerdo a los parámetros previstos en la Carta Fundamental; de manera que para el 10 de enero de 2013, oportunidad constitucional para la juramentación de Hugo Chávez Frías como Presidente que debía cumplir el período constitucional 2013-2019, el Presidente electo no se presentó al acto formal ante la Asamblea Nacional.

Señala, con una gravedad similar, la inexistencia de pruebas que den fe de vida de Hugo Chávez Frías en ese momento histórico, ni en fecha posterior. Las circunstancias que rodearon su muerte han sido ocultadas intencionalmente y esto adquiere especial connotación al producirse el evento en un país extranjero; sin ningún control de las instituciones venezolanas que debían verificar y certificar el estado de salud, capacidad o incapacidad, del presidente electo para realizar actos. Además, impidió la eventual calificación de la ausencia como una falta absoluta previa al acto de juramentación.

Se denuncia igualmente que se aporta de manera fraudulenta una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hoy con una composición de facto, dirigida a garantizar la permanencia fáctica del vicepresidente ejecutivo en el control del aparato estatal. En abierta manipulación de los más elementales principios de derecho constitucional democrático fue dictada la sentencia No 2 de 9/01/2013 de esa Sala Constitucional en la que se concluyó que
en el caso de un presidente que fuera reelecto no era necesaria ni el acto formal de toma de posesión ni la juramentación, ya que se trataba de una continuidad administrativa que extendía el mandato constitucional automáticamente. Y ese análisis se hizo bajo la premisa de que la ausencia prolongada e indefinida de Hugo Chávez Frías no era temporal pero tampoco absoluta (Sic).

Bajo la égida de interpretaciones aberrantes que van a contraflujo del equilibrio de poderes, se produjo la apresurada fijación del lapso para la postulación de candidatos a las elecciones presidenciales para confirmar la irregular subrogación, fijado por el CNE para los días 10 y 11 de marzo de 2013. Fue así como MADURO, quien ejercía el cargo de vicepresidente ejecutivo de la República, fue admitido como candidato contrariando disposición expresa de la Constitución.

Situaciones de inelegibilidad para el cargo de Presidente de la Republica

La Norma Fundamental prevé que el candidato electo debe asumir el cargo el 10 de enero del primer año del período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente de la República no puede tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo debe hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia. El efecto de la falta, y eventual subrogación, se presenta distinto si se produce antes de tomar posesión o después de
este acto ya que, en el primer supuesto, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes; y, en el segundo supuesto, hay que diferenciar si la falta se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, caso en el cual se procederá igual que en el caso anterior, o si sobrepasa este límite, durante los últimos dos años del período constitucional, situación en la que el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la Presidencia de la República hasta completar el período.

El Presidente de la Asamblea Nacional es el encargado de la Presidencia de la República mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, si la falta absoluta se produce antes de la juramentación. El vicepresidente se encargará en los otros casos y en los de faltas temporales. El límite de la suplencia por faltas temporales del Presidente de la República que ejerce el Vicepresidente Ejecutivo es de noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. Si la falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional puede decidir por mayoría de sus miembros el carácter de falta absoluta; advierte el denunciante que la ausencia del territorio nacional del Presidente de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.

Finalmente, en lo que toca a la subrogación del Presidente por parte del Vicepresidente Ejecutivo, la figura de “Presidente Encargado” solo se materializa en el último de los supuestos ya que solo en el caso de falta absoluta materializada en los últimos dos años del período presidencial permanece en el cargo hasta el cumplimiento íntegro del mismo, sin que se produzcan elecciones. De manera que no tiene efecto alguno la calificación como “Presidente Encargado” que se hiciera el 8/03/2013, oportunidad en la que MADURO fuera juramentado por la Asamblea Nacional.

Causas de inelegibilidad de Nicolás Maduro Moros, por estar ejerciendo el cargo de Vicepresidente Ejecutivo inmediatamente antes y en el momento de la elección

Una de las tantas figuras atípicas de la Constitución de 1999 es la del Vicepresidente Ejecutivo. Su singularidad radica en que, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas comparados, este alto funcionario no es electo por el mismo cuerpo electoral ni en la misma fecha que se produce la elección del Presidente; tampoco su función se limita a la subrogación en los supuestos de falta absoluta. Al contrario, es un órgano directo y colaborador inmediato del Presidente de la República a quien corresponde su designación y destitución; precisamente, por tal carácter, el artículo 229 de la Constitución precitado indica que “no podrá ser elegido Presidente o Presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva”.

Igualmente, se precisa la obligación de todo funcionario público de separarse del ejercicio del cargo que ostenta para postularse a un cargo de elección popular, salvo si ese funcionario estuviera postulándose para la reelección de ese mismo cargo, y esta última situación (la de reelección al cargo), no era el caso de MADURO; denunciando, que estas irregularidades produjeron evidentes ventajismos electorales, los cuales se describen en el escrito que motiva esta causa, para denotar que en el proceso de apalancamiento de la candidatura de MADURO desde su posición ejecutiva, fue la jefatura de hecho de la Fuerza Armada Nacional y su camuflaje como partido militar actuante en la precampaña electoral, y que denota el control del proceso electoral, que, en realidad, no está en manos del Consejo Nacional Electoral sino de los militares que ejecutan el Plan República; la espuria elección del 14 de abril de 2013 fue canalizada por un aparato electoral que admitió una candidatura inelegible bajo la tutela de un estamento militar que actúa como partido político. A pesar del brutal ventajismo, el mismo día de la elección, la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo del Vicepresidente Ejecutivo por la mínima diferencia de 265.256 votos; y tal resultado se anunció sin totalización final ya que, posteriormente se vieron obligados a reconocer que no se había computado un número sustancial de actas, entre ellas, las de los centros ubicados en el exterior.

Inelegibilidad de Nicolás Maduro Moros por la condición de ser nacional de la Republica de Colombia

También se acumulan en las denuncias de irregularidades en el proceso electoral, la circunstancia de que existe una causal de inelegibilidad derivada del fraude vinculado a su nacionalidad de origen, alegándose que la persona que asumió la presidencia de la república, es hijo de la señora Teresa de Jesús Moros, ciudadana colombiana por nacimiento y titular de la cédula de ciudadanía colombiana No 20.007.077, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. El origen de su identidad nacional consta del Acta de Bautismo de fecha 1/06/1929, inserta en el libro I, folio 195 del año 1929, correspondiente a la parroquia San Antonio de Padua en Cúcuta, Norte de Santander, República de Colombia.

Expresa, que esta situación se confirma con la inserción de Partida de Nacimiento de María Teresa de Jesús Maduro Moros, hermana mayor de Nicolás Maduro, quien nació en Bogotá el 21/12/1956, inscrita en la Notaría Quinta de Bogotá bajo el N°55 de fecha el 28/12/ 1956, en la que Jesús Nicolás Maduro García, afirma que su esposa Teresa de Jesús Moros Acevedo era natural de Cúcuta, República de Colombia. Contrastan estos datos asentados en documentos públicos con la afirmación de MADURO de que su madre había nacido en Rubio, Estado Táchira, Venezuela. Surge inmediatamente la incógnita: ¿Por qué miente MADURO en temática tan delicada? Precisamente, basta la condición de colombiana de la señora Teresa de Jesús Moros para establecer el factor de conexión que lo convierte en nacional de Colombia. Pero la afirmación de MADURO sobre el origen de su madre también se produjo en el Acta de Defunción No 1883 de fecha 25/10/1994, levantada por la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, en la que asienta el fallecimiento de Teresa de Jesús Moros de Maduro, quien era titular de la cédula de identidad No V-2.760.028. Se materializó así el delito de Falsa Atestación Ante Funcionario Público, tipificado en el artículo 320 del Código Penal Venezolano vigente.

En cuanto a Nicolás Maduro García, aunque se afirma que es de nacionalidad venezolana, existen múltiples contradicciones que ponen en duda su nacionalidad. No existe una partida de nacimiento que soporte su origen y pueden verificarse diversos documentos, en Colombia y Venezuela, en los que se manifiestan contradicciones evidentes: a) En el acta de nacimiento de la hermana mayor María Teresa de Jesús Maduro Moros, anteriormente referida, aparece el testimonio del mismo padre de MADURO en el sentido de que él había nacido en Coro, Estado Falcón, en Venezuela; b) En el expediente que reposa en el Colegio Nacional José Eusebio Caro de Ocaña, Colombia, instituto en el que estudió Nicolás Maduro García en el año 1947, aparece que nació en Cumarebo, Estado Falcón, en Venezuela; y c) En el acta de defunción de Nicolás Maduro García, fechada 23/04/1989, inserta en los registros del Municipio San Francisco del Estado Falcón, en Venezuela, consta que este falleció consecuencia de un accidente de tránsito y que era original de Sabana Alta, Estado Falcón, en Venezuela.

También se denuncia la absoluta desvinculación de MADURO con raíces venezolanas, surge la contradictoria información sobre su nacimiento y arraigo. Lo primero que se debe afirmar es que los testimonios que afirman a Bogotá como su lugar de nacimiento no han podido ser confirmados por cuanto en las diez notarías de Bogotá que funcionaban en la ciudad para el momento de su nacimiento los libros presentan mutilaciones y fueron arrancados los índices precisamente correspondientes a ese momento histórico. Pero más allá de tan extraña circunstancia, la juventud de MADURO transcurrió durante un tiempo importante en la ciudad de Cúcuta. En efecto, el 8/04/2013, en el diario La Opinión, de Cúcuta, el periodista Jairo Andrés Navarro publicó un reportaje titulado “Las raíces cucuteñas de Nicolás Maduro” en el que se dan interesantes detalles de la juventud de MADURO en esa ciudad. Afirma el veterano periodista que él “estudió en su infancia en el colegio San Tarsicio de Carora, y también cursó algunos años en el colegio Antonio Nariño del Callejón. Jugaba fútbol en la cancha de tierra de Carora los fines de semana y llegó a integrar una Selección Norte Juvenil de baloncesto”. Por su parte, el 6/10/2013, el periodista colombiano Ricardo Puentes Melo publicó un reportaje titulado “A Nicolás Maduro le temen hasta sus parientes cucuteños” en el que se narra que MADURO vivía con su tía Emma Moros, lo cual fue ratificado por muchos testigos, pero ni siquiera los familiares colombianos de Maduro se atrevieron a decir mucho: “Nuestras vidas peligran, amigo –le dijeron– déjenos la vida tranquila, por el amor de Dios”. Se expresa que, lo cierto del caso es que la familia materna de MADURO, en su integridad, es colombiana y, por parte de padre, también hay raíces cucuteñas. Según informó el 12/08/2013 a través de su cuenta del Twitter el periodista colombiano Diego Clavijo, Director de Deportes del canal TRO (www.canaltro.com), “el bisabuelo paterno de Nicolás Maduro, David Maduro, fue dominicano de nacimiento, se estableció en Cúcuta y, en 1913, fundó el primer equipo de fútbol de esa ciudad”.

Apunta el denunciante, un mismo esquema de contradicciones, cuando el ex gobernador José Gregorio Vielma Mora dijo que Maduro nació en El Palotal, entre Ureña y San Antonio del Táchira en la frontera colombo-venezolana; el diputado Elías Jaua aseguró que es oriundo de la Parroquia El Valle, tal como fue reseñado por varios medios de comunicación el 17/06/2013; el mismo día, desde Roma, MADURO informó que había nacido en Los Chaguaramos, Parroquia San Pedro, en Caracas, aunque el Acta de Matrimonio N° 204 de fecha 9/06/1988, emanada de la Jefatura Civil de la Parroquia el Valle Distrito Federal, en la oportunidad en que contrajo nupcias con Adriana Guerra Angulo, dejó asentado que nació en La Parroquia Santa Rosalía; y la rectora Tibisay Lucena afirmó que nació en la Parroquia La Candelaria. Pero ninguno presenta la prueba fehaciente de tal hecho salvo el amago de Tibisay Lucena que se produce el día 10/10/2013, en el programa “Vladimir a la 1”, transmitido por el canal venezolano de noticias Globovisión, donde la presidenta del Consejo Nacional Electoral manifestó que había encontrado la partida de nacimiento de Maduro en la parroquia La Candelaria de Caracas, pero la mostró en forma ilegible y durante pocos segundos.

Asimismo, se invoca, en cuanto a la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 96, modificado mediante Acto Legislativo No 1 de 2002, publicado en el D.O. 44.693, ene. 31/2002, que establece la nacionalidad por nacimiento en forma automática para los “naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento” y “los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República”. Señala, que el colombiano por nacimiento no puede ser privado de su nacionalidad, ni esa calidad se pierde por la adquisición de otra nacionalidad. Otro aspecto que resaltar es que en el sistema constitucional colombiano se diferencia entre nacionalidad y ciudadanía; la primera apareja la segunda, pero se puede ser nacional sin ser ciudadano o con la ciudadanía suspendida, tal como se infiere de los artículos 98 y 99 del Texto Fundamental de la república hermana.

Razones todas, por las cuales el denunciante peticiona la constatación de las causales de inelegibilidad, la declaratoria de su existencia y la consecuencial anulación de todo el proceso electoral, con todos los pronunciamientos de ley.

II

De la competencia

Pasa esta Sala Constitucional a determinar su competencia para conocer de los hechos a los que se refiere el escrito que dio inicio a este procedimiento, y, al respecto, observa que en el presente caso se solicita un pronunciamiento respecto a los actos relativos a la postulación, elección y proclamación del señor Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de Venezuela, basados en el cuestionamiento de su capacidad para postularse, a tono con lo dispuesto en el artículo 227 de la carta fundamental, en concordancia con lo establecido en el artículo 229 eiusdem.

La convocatoria a los procesos electorales, la aceptación de un ciudadano como candidato para un cargo público, la totalización, la adjudicación y su proclamación son actuaciones que le corresponden al Consejo Nacional Electoral, como máximo representante del Poder Electoral, según como lo dispone el Capítulo V, Título V de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 3 y 6 del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, de modo que el proceso de elección presidencial está constituido por actos de ejecución directa e inmediata de la Carta magna y, por ende, encuadran dentro de las áreas de competencia de esta Sala, de acuerdo con lo establecido en la disposición contenida en el último aparte del artículo 334 de la misma, en consonancia con lo dispuesto en el numeral 336.4 de ese texto fundamental. Así se decide.

III

Admisión

Ahora bien, tomando en consideración que el denunciante, ciudadano Enrique Aristeguieta Gramcko, acreditó su condición de venezolano mediante la exhibición de su cédula de identidad No. V-1.333.995, y, por ende, su condición de elector en las elecciones presidenciales celebradas el 14 de abril de 2013, siendo además, en su condición de abogado, integrante del sistema de justicia interesado en el adecuado funcionamiento de los poderes públicos y en la vigencia efectiva de los derechos políticos que incumben a todos los electores dentro de una democracia participativa, y que, en fin, la presente solicitud no se encuentra incursa en ninguna causal de inadmisibilidad, así como tampoco en las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional del Legítimo Tribunal Supremo de Justicia declara admisible la denuncia formulada, de conformidad con lo establecido en el indicado artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Para todos los fines legales se ordena notificar al señor Nicolás Maduro Moros, quien ejerce las funciones de presidente de la República Bolivariana de Venezuela; a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República; al ciudadano Procurador General de la República, al ciudadano Defensor del Pueblo, para que en un lapso de 10 días contados después de que conste en autos que ha sido efectuada la última notificación, informen a este Tribunal lo que crean conveniente en relación a las denuncias, así como consignen los medios de prueba que consideren pertinente, todo ello conforme al procedimiento establecido en los artículo 139 al 144 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dada la trascendencia nacional e internacional de los hechos involucrados en esta decisión, se ordena notificar también al ciudadano Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional, al excelentísimo Dr. Luis Almagro, en su condición de Secretario General de la Organización de Estados Americanos, a los fines legales consiguientes. Asimismo, se ordena emplazar a cualquier interesado por medio de un cartel, que se ordena librar para ser publicado en un diario de mayor circulación en Venezuela.

Las notificaciones ordenadas serán practicadas en cualesquiera de las modalidades previstas en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo pautado en los artículos 1, 4 y 6 del Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Admítase, Notifíquese y Líbrese Cartel.

IV

Medidas Cautelares de Naturaleza Probatoria

Por cuanto los hechos denunciados son de gran trascendencia nacional y las pruebas de los mismos constituyen elementos de vital importancia para la República, constatando esta Sala la gravedad de los hechos que se presentan, además de la importancia que representa para el pueblo, quien tiene el derecho de conocer la verdad sobre el lugar de nacimiento de quien actúa como Presidente de la República, así como su familia materna y paterna, procediendo en uso de las facultades oficiosas que permite el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, teniendo en cuenta el interés público vinculado con los hechos que se denuncian, SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE NATURALEZA PROBATORIA, a los fines de recabar elementos probatorios que interesan a la causa:

Primero: Tomando en consideración que el denunciante efectúa una negación indefinida, en el sentido de que, según dice, el ciudadano Nicolás Maduro Moros no es venezolano por nacimiento, por aplicación de los principios doctrinales y jurisprudenciales que rigen la actividad probatoria, la carga de la prueba de su nacionalidad le corresponde al quien sostenga el hecho positivo contrario; en consecuencia, se ordena al señor Nicolás Maduro Moros, exhiba al pueblo de Venezuela, y haga constar por escrito ante esta Sala Constitucional, la copia certificada de su acta de nacimiento en Venezuela; así como también la prueba de haber renunciado a cualquier otra nacionalidad que pudiera haber tenido antes de haber aceptado el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República y, en todo caso, antes de su postulación como candidato a la presidencia de la República, todo de conformidad con los artículos 41 y 227 de la Constitución y el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil.

Se insta a los componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales a exigir el deber de exhibir tales probanzas, en virtud de que el cargo de Presidente de la República implica el desempeño de las funciones de Comandante en Jefe, al tenor del artículo 236.5 y 333 de la Constitución.

Segundo: Se ordena al Consejo Nacional Electoral, en la persona de su presidente y demás integrantes de su junta directiva, exhiba al pueblo de Venezuela, y haga constar por escrito ante esta Sala Constitucional, la copia certificada del acta de nacimiento del señor Nicolás Maduro Moros; así como también del documento que haya consignado ante ese cuerpo electoral demostrativo de haber renunciado a cualquier otra nacionalidad, conforme al artículo 436 del Código de Procedimiento Civil.

Tercero: Se acuerda recabar, por la vía del Exhorto a la Cancillería Colombiana, con sede en la ciudad de Bogotá, Colombia: A. Del Arzobispado de Bogotá; acta de Bautismo del 1/06/1929 de la señora Teresa de Jesús Moros, madre del señor Nicolás Maduro Moros, inserta en el libro I, folio 195 del año 1929, correspondiente a la parroquia San Antonio de Padua en Cúcuta, Norte de Santander, República de Colombia; B. De la oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia; acta de nacimiento de la señora Teresa de Jesús Moros, madre del señor Nicolás Maduro Moros, ciudadana colombiana por nacimiento y titular de la cédula de ciudadanía colombiana No 20.007.077, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia; C. De la Notaria Quinta de Bogotá; la inserción de Partida de Nacimiento de María Teresa de Jesús Maduro Moros, hermana mayor de Nicolás Maduro, quien nació en Bogotá el 21/12/1956, inscrita en esa Notaría, bajo el N°55 de fecha el 28/12/1956; D. Del Colegio San Tarsicio, ubicado en San José de Cúcuta, un municipio colombiano, capital del departamento de Norte de Santander, ubicado en la Avenida 10, Numero 3-56, Barrio Carora y del Colegio Antonio Nariño, un municipio colombiano, capital del departamento de Norte de Santander, ubicado en la Calle 1, Numero 8-17, Barrio Callejón, a fin de que se sirvan remitir el expediente académico del señor Nicolás Maduro Moros; y se informe de cualquier hecho, circunstancia o elementos relacionados con los estudios iniciales realizados por el mencionado y la nacionalidad acreditada por sus padres.

A los fines de la tramitación de estas actividades probatorias, se acuerda oficiar a la Cancillería de Colombia, adjuntando en cada petición copia certificada de la denuncia y la presente decisión, todo de conformidad con los artículos 49 constitucional y el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Washington, D.C. a los diez (10) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018). Años 207 de la Independencia y 158 de la Federación.

Miguel Ángel Martín Tortabu
Presidente de la Sala y Ponente

Elenis del Valle Rodríguez Martínez
Vicepresidenta de la Sala

LOS MAGISTRADOS

Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez
Luis Manuel del Valle Marcano Salazar
Zuleima del Valle González
Gabriel Ernesto Calleja Angulo
Gustavo José Sosa Izaguirre

Reinaldo Paredes Mena
El Secretario (E)

En diez (10) de enero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 5:00 p.m. se publicó y registró la anterior decisión, cuyo contenido fue aprobado por unanimidad por todos los magistrados.

Reinaldo Paredes Mena
El Secretario (E)

Exp: SC-2018-008

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